ENTRETELONES DE CASA ROSADA
El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, viene surfeando desde febrero el escándalo de la venta ilegal de terrenos en la que están procesados funcionarios de su gabinete. Ahora, la fiscal María Paula Serrano, titular de la UFI N° 4, debe estudiar un posible cambio de carátula de “Estafas Reiteradas” a “Asociación Ilícita”.
Todo comenzó este verano cuando vecinos de Olavarría que habían comprado terrenos descubrieron que les habían vendido tierras que ya tenían dueños, o la misma parcela había sido vendida a varias personas.
La operatoria fraudulenta se realizaba desde Desarrollo Social de la municipalidad, según relató uno de los imputados, el puntero barrial del PRO, Claudio Peralta. Desde esa área de gobierno operaba el ex coordinador en la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Mariano Ciancio, otro de los imputados y al que Galli suspendió en sus funciones cuando se hizo pública la denuncia. Los otros implicados hasta el momento son dos policías de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Loiza y Leonardo Andrés Sampaoli.
Los damnificados eran citados en una escribanía donde entregaban una importante suma de dinero y recibían a cambio un boleto de compraventa y los planos de los terrenos. La fiscal Serrano estima que son entre 80 y 100 las estafas cometidas por un monto aproximado de entre $80 y $100 millones.
En plena investigación se filtró un audio en el que se menciona al secretario privado del intendente en una charla en la que dice: (se verán) “sólo cuando haya que repartir los pasteles”.
La conversación es entre Gastón Acosta, quien fue subsecretario de Gestión Administrativa de Galli, charlando con Gustavo Rodríguez, un empresario de la noche olavarriense y con un tal “Sebastián”. Se habla de “facilitar lotes”, “pasar el dato”, y ubicar terrenos para “limpiar y vender” y después “repartir los pasteles”. En un momento Acosta recalca: “Quiero que armemos algo y que juguemos todo de memoria”, en alusión a la información confidencial que manejaba de la comuna. “A mí no me tienen que ver, para lo único que nos vemos es para repartir los pasteles cuando estemos”.
Luego se hace mención al secretario privado del intendente: “Ya incursionó en la compra-venta de autos gracias a que Ezequiel le dio unos manguitos. Si hay un buen lote lo ponés a nombre de él y listo, yo lo hago participar en algo”, se le escucha decir a uno de los participantes de la charla.
La fiscal aseguró que ya hay entre treinta y cuarenta denuncias formales y se están citando a presuntos damnificados. También remarcó que es distinto lo que dicen los perjudicados en los medios a lo que declaran en la causa: “declaran que sabían que no era una operatoria regular, que no iban a poder escriturar, que iban a tener que esperar, que no eran los papeles originales, todos más o menos sabían. Todos se confiaron y entregaron dinero. Algunos tienen el terreno, han construido y están viviendo y otros no tienen nada”, afirmó en sus últimas declaraciones a la prensa.
En marzo, el abogado penalista Julio Beley, defensor de damnificados, había solicitado la recusación de la fiscal Paula Serrano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Olavarría, en la causa que investiga la venta ilegal de terrenos en la ciudad. La causa invocada fue la “relación de amistad” de la fiscal con la esposa del intendente Galli.
Beley argumentó que “está claro que la Acusadora mantiene una relación de amistad con la señora esposa del intendente de este Municipio, quien, ya sea de modo directo o indirecto, se encuentra vinculado a la presente investigación. Estas relaciones personales y estos conocimientos previos conllevan a la pérdida del Norte que debe regir en todo proceso penal” Concluyendo que “ha sido evidenciado un obrar carente de objetividad en la figura del Acusador, lo que implica un cercenamiento profundo del Estado de Derecho”.
Por su parte Galli, para despegar a su gobierno de la estafa, presentó al municipio de Olavarría como particular damnificado. El juez Carlos Villamarín, quien subroga a la doctora Fabiana San Román al frente del Juzgado -luego de que la magistrada se excusara de intervenir en esta investigación- resolvió a favor de la presentación. Ante la gravedad del hecho de corrupción el Concejo Deliberante creó una comisión especial que viene investigando los hechos y escuchando a los vecinos damnificados.
El futuro del cambio de carátula y la posibilidad de saber si hay otros funcionarios o políticos implicados y cómo funcionaba la organización de estafadores depende ahora del peritaje de los celulares secuestrados.
“En La Plata estamos peritando, con la división Fraudes Informáticos de la Procuración, los celulares que secuestramos. Suponemos que si existe alguna conexión (entre los imputados) debería salir de ahí, porque hasta ahora no la tenemos”, aseguro Serrano.
Mientras la investigación prosigue, algunos de los propietarios estafados se animaron a tomar posesión de los terrenos y edificaron aún con el temor de que en cualquier momento aparezca otro dueño con una orden de desalojo en la mano.
Difícil renunciar al sueño de la casa propia cuando estuvo tan cerca de ser realidad, aunque quizás en Olavarría el gobierno de Galli sintonice con aquella frase de González Fraga en tiempos de Macri: "Le hicieron creer a un empleado que podía comprarse celulares", y quizás también hasta tener su terrenito.
